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RESPONSABILIDAD
DE PROTEGER: A partir del 6 de abril de 1994, tras el fallecimiento de los Presidentes de Burundi y Rwanda en un accidente aéreo causado por un ataque con cohetes, se produjeron en Rwanda masacres intensas y sistemáticas, que se prolongaron durante varias semanas, de personas de la minoría étnica tutsi y también de hutus moderados . El asesinato de aproximadamente un millón de personas conmocionó a la comunidad internacional y constituyó claramente un acto de genocidio. Además, se estima que entre 150.000 y 250.000 mujeres fueron violadas. El 7 de abril, la Primera Ministra, Agathe Uwilingiyimana, una líder hutu moderada, fue brutalmente asesinada junto a diez cascos azules belgas encargados de protegerla. También fueron asesinados otros líderes hutus moderados. Tras la masacre de sus tropas, Bélgica retiró el resto de su fuerza. El 21 de abril, otros países pidieron el retiro de sus contingentes y la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Rwanda (UNAMIR), que tenía el mandato de vigilar los acuerdos de paz para poner fin a la guerra civil de los años anteriores, se redujo de una fuerza inicial de 2.165 efectivos a 270 efectivos. La débil respuesta de la comunidad internacional agravó la tragedia de Rwanda. La capacidad de las Naciones Unidas para reducir el sufrimiento humano en Rwanda se vio severamente limitada por la falta de voluntad de los Estados Miembros para responder a la nueva situación en el país mediante el fortalecimiento del mandato de la UNAMIR y el suministro de tropas adicionales. Antecedentes: el surgimiento del concepto de “intervención humanitaria” Tras el genocidio de 1994 en Rwanda y la depuración étnica en los Balcanes y Kosovo en 1995 y 1999, la comunidad internacional comenzó a debatir seriamente cómo reaccionar efectivamente frente a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. El problema central de la cuestión es establecer si los Estados tienen soberanía incondicional sobre sus asuntos o si la comunidad internacional tiene el derecho de intervenir militarmente en un país con fines humanitarios. Durante este período del decenio de 1990, tras los incidentes de Somalia, Rwanda, Srebrenica y Kosovo, la discusión sobre el “derecho a la intervención humanitaria” evolucionó hacia el concepto de “responsabilidad de proteger”. En su Informe del Milenio de 2000, el entonces Secretario General, Kofi Annan, recordando el fracaso del Consejo de Seguridad para actuar en forma enérgica en Rwanda y Kosovo, planteó la siguiente pregunta a los Estados Miembros: “Si la intervención humanitaria es, en realidad, un ataque inaceptable a la soberanía, ¿cómo deberíamos responder a situaciones como las de Rwanda y Srebrenica, y a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que transgreden todos los principios de nuestra humanidad común?” De la intervención humanitaria a la responsabilidad de proteger: el Informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados Tras el Informe del Milenio, la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados, establecida por el Gobierno del Canadá, publicó un informe titulado “La responsabilidad de proteger”. En el informe se estableció que la soberanía no solamente daba al Estado el derecho de “controlar” sus asuntos, sino que también confería al Estado la “responsabilidad” primaria de proteger a la población dentro de sus fronteras. En él se proponía que cuando un Estado no protegiera a su población, ya fuera por falta de capacidad o de voluntad, la responsabilidad incumbía a la comunidad internacional en su conjunto. En el informe de la Comisión se establecía que el concepto de la responsabilidad de proteger incluía una serie de obligaciones: -La responsabilidad de prevenir que se cometan
crímenes de esa naturaleza, Informe del Grupo de alto nivel establecido por el Secretario General (2004) En 2004, el Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, establecido por el Secretario General, Kofi Annan, apoyó el nuevo concepto de la responsabilidad de proteger y consideró que el uso de la fuerza por parte de la comunidad internacional era una medida que se podía adoptar si fuera necesaria y en último recurso. El Grupo de Expertos propuso algunos criterios básicos para legitimar la autorización del uso de la fuerza por el Consejo de Seguridad “en caso de genocidio y otras matanzas en gran escala, de depuración étnica o de graves infracciones del derecho internacional humanitario que un gobierno soberano no haya podido o no haya querido prevenir”; esos criterios incluían la gravedad de la amenaza, el hecho de que se empleara la fuerza como “último recurso” y la proporcionalidad de la respuesta. Un concepto más amplio de la libertad (2005) En su informe “Un concepto más amplio de la libertad”, el ex Secretario General, Kofi Annan, hizo suyo plenamente el enfoque expuesto en el informe del Grupo de alto nivel y sugirió que se aplicaran los criterios propuestos para la autorización del uso de la fuerza en general. Documento Final de la Cumbre Mundial (2005) En septiembre de 2005, en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas, todos los Estados Miembros aceptaron oficialmente la responsabilidad de cada Estado de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. En el Documento Final se estableció además que la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, tenía también la “la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta”, para ayudar a proteger a las poblaciones de esos crímenes. Los dirigentes mundiales también estuvieron de acuerdo en que cuando un Estado no cumpliera esa responsabilidad, todos los Estados (la “comunidad internacional”) eran responsables de ayudar a proteger a las poblaciones amenazadas, y que primero deberían utilizar medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos. Más tarde, si esos medios resultan ser inadecuados y si “es evidente que las autoridades nacionales no protegen” a la población, la comunidad internacional debe actuar de manera “oportuna y decisiva” a través del Consejo de Seguridad y de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. En el Documento Final de la Cumbre Mundial se hacía hincapié también en la “necesidad de que la Asamblea General siga examinando la responsabilidad de proteger”. ¿Qué están haciendo las Naciones Unidas? La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, debe trabajar ahora para aclarar el concepto de responsabilidad de proteger en el derecho internacional, definir su naturaleza exacta y su contenido. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas
están examinando formas de proteger a las poblaciones amenazadas
y vulnerables mediante el fortalecimiento de la capacidad de la
comunidad internacional para detectar y resolver rápidamente
los problemas antes de que se agraven. Esas medidas incluyen esfuerzos
diplomáticos entre bastidores para evitar el conflicto; actividades
humanitarias para salvar a las poblaciones amenazadas, mejorar sus
condiciones de vida y asegurar el respeto de sus derechos, así
como “otras medidas pacíficas” incluido el fomento
de la capacidad de las poblaciones de protegerse a sí mismas
o la capacidad de la sociedad para asegurar su protección
o hacer declaraciones públicas o intervenciones militares
acordadas. De esa manera se espera que se evite la necesidad de
realizar intervenciones militares.
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