RWANDA: BREVE HISTORIA DEL PAÍS

La población de Rwanda, que asciende a más de siete millones de habitantes, está dividida en tres grupos étnicos: los hutus (que representan prácticamente el 85% de la población), los tutsis (14%) y los twas (1%).

Antes de la época colonial, los tutsis generalmente ocupaban el estrato superior en el sistema social y los hutus el inferior. No obstante, existía la movilidad social; un hutu que adquiría un número importante de cabezas de ganado u otras riquezas podía ingresar al grupo de los tutsis, mientras que un tutsi empobrecido era considerado un hutu. También funcionaba un sistema de clanes y el clan tutsi denominado Nyinginya era el más poderoso. Durante el decenio de 1800, el clan Nyinginya expandió su influencia mediante la conquista y el ofrecimiento de protección a cambio de tributos.

Comienzo del conflicto étnico

La ex potencia colonial, Alemania, perdió la posesión de Rwanda durante la Primera Guerra Mundial y el territorio pasó a manos de la administración belga. A fines del decenio de 1950, durante la gran ola de descolonización, se intensificaron las tensiones en Rwanda. El movimiento político hutu, que se vio favorecido por ser la mayoría, fue ganando poder, mientras que algunos segmentos del sistema tutsi se resistieron a la democratización y la pérdida de sus privilegios adquiridos. En noviembre de 1959, un incidente violento desencadenó una revuelta hutu en la que resultaron muertos cientos de tutsis y hubo miles de desplazados que se vieron forzados a huir a países limítrofes. Fue el comienzo de la denominada “Revolución Campesina Hutu”, o “revolución social”, que tuvo lugar de 1959 a 1961 y significó el fin de la dominación tutsi y la intensificación de las tensiones étnicas. En 1962, cuando Rwanda obtuvo la independencia, 120.000 personas, principalmente tutsis, habían buscado refugio en los Estados vecinos para escapar de la violencia que había acompañado el ascenso gradual al poder de la comunidad hutu.

Tras la independencia se produjo un nuevo ciclo de violencia y conflictos étnicos. Los refugiados tutsis que se encontraban en Tanzanía y Zaire querían recuperar su posición anterior en Rwanda, por lo que comenzaron a organizar y perpetrar ataques contra objetivos hutus y el Gobierno hutu. Entre 1962 y 1967 ocurrieron diez de esos atentados, que a su vez provocaron asesinatos por venganza de un elevado número de civiles tutsis en Rwanda y generaron nuevas olas de refugiados. A fines del decenio de 1980, había alrededor de 480.000 refugiados rwandeses, principalmente en Burundi, Uganda, Zaire y Tanzanía. Continuaron exigiendo el cumplimiento de su derecho consagrado en las leyes internacionales de regresar a Rwanda, pero el entonces Presidente de Rwanda, Juvenal Habyarimana, consideró que las presiones demográficas ya eran demasiado grandes y que las oportunidades económicas eran demasiado escasas para acoger a grandes cantidades de refugiados tutsis.

La guerra civil

En 1988 se fundó el Frente Patriótico Rwandés FPR en Kampala (Uganda) como movimiento político y militar con el propósito expreso de conseguir la repatriación de los rwandeses en el exilio y reformar el Gobierno rwandés, lo que incluía el ejercicio del poder en forma compartida. El FPR estaba compuesto principalmente por exiliados tutsis en Uganda, muchos de ellos ex integrantes del Ejército de Resistencia Nacional del entonces Presidente Yoweri Museveni, que había derrocado al anterior Gobierno ugandés en 1986. Aunque algunos de los integrantes del FPR eran hutus, la mayoría, en especial los dirigentes, eran refugiados tutsis.

El 1º de octubre de 1990, el FPR lanzó un ataque de gran envergadura contra Rwanda desde Uganda, con una fuerza de 7.000 combatientes. Debido a los ataques del FPR, que desplazaron a miles de personas, y la política de propaganda deliberada del Gobierno, los tutsis que se encontraban en el país fueron calificados de cómplices del FPR y los miembros hutus de los partidos opositores fueron calificados de traidores. Los medios de comunicación, en especial la radio, continuaron difundiendo rumores infundados, lo que exacerbó los problemas étnicos.

En agosto de 1993, como fruto de los esfuerzos de la Organización de la Unidad Africana (OUA) y los gobiernos de la región para establecer la paz, se firmó el Acuerdo de Paz de Arusha, que aparentemente puso fin al conflicto entre el entonces Gobierno dominado por hutus y el opositor Frente Patriótico Rwandés (FPR). En octubre de 1993, el Consejo de Seguridad estableció la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Rwanda (UNAMIR) con un mandato que abarcaba el mantenimiento de la paz, la asistencia humanitaria y el apoyo general al proceso de paz.

Sin embargo, la voluntad de establecer y mantener la paz se vio socavada desde el comienzo por algunos de los partidos políticos rwandeses que participaron en el Acuerdo. Los consiguientes retrasos en su aplicación provocaron que las violaciones a los derechos humanos se generalizaran y se deteriorara la situación de la seguridad. Posteriormente, se demostró en forma irrefutable que los extremistas de la mayoría hutu, mientras hablaban de paz, estaban planeando en realidad una campaña para exterminar a los tutsis y los hutus moderados.

El genocidio

El 6 de abril de 1994, el fallecimiento de los Presidentes de Burundi y Rwanda en un accidente aéreo provocado por un ataque con cohetes desencadenó grandes masacres sistemáticas que se prolongaron por varias semanas. Las matanzas, en las que se calcula que fallecieron aproximadamente un millón de personas, impactaron a la comunidad internacional y fueron actos evidentes de genocidio. También se estima que entre 150.000 y 250.000 mujeres fueron violadas. Algunos miembros de la guardia presidencial comenzaron a matar civiles tutsis en una zona de Kigali cercana al aeropuerto. Menos de media hora después del accidente aéreo, las milicias hutus, a menudo asistidas por la Gendarmería (policía paramilitar), montaron barricadas para identificar a los tutsis.

El 7 de abril, Radio Televisión Libre de Mille Collines (RTLM) difundió un programa en el que se responsabilizaba del accidente aéreo al FPR y a un contingente de soldados de las Naciones Unidas, y se incitaba a eliminar a las “cucarachas tutsis”. Horas después, la Primera Ministra Agathe Uwilingiyimana y diez cascos azules belgas encargados de protegerla fueron asesinados brutalmente por soldados del Gobierno rwandés en la casa de la ministra. Del mismo modo, también fueron asesinados otros líderes hutus moderados. Luego de la masacre de sus soldados, Bélgica retiró el resto de su fuerza. El 21 de abril, después de que otros países solicitaron el retiro de soldados, la UNAMIR redujo sus efectivos de 2.165 a 270.

La tragedia se agravó por la falta de un compromiso decidido de reconciliación de algunos partidos rwandeses y, sumado a esto, por la escasa respuesta de la comunidad internacional. La capacidad de las Naciones Unidas de reducir el sufrimiento humano en Rwanda se vio gravemente limitada por la renuencia de los Estados Miembros a responder a la nueva situación en Rwanda mediante el fortalecimiento del mandato de la UNAMIR y el envío de más efectivos.

El 22 de junio, el Consejo de Seguridad autorizó que las fuerzas dirigidas por Francia ejecutaran una misión humanitaria. La misión, llamada Operación Turquesa, salvó a cientos de civiles de la región sudoccidental de Rwanda, pero también se afirma que permitió que los soldados, los oficiales y los milicianos que participaron en el genocidio huyeran del país cruzando las zonas bajo su control. En otras zonas, las matanzas no cesaron hasta el 4 de julio de 1994, cuando el FPR logró el control militar de todo el territorio rwandés.

Las secuelas del genocidio

Los oficiales del Gobierno, los soldados y los milicianos que habían participado en el genocidio huyeron a la República Democrática del Congo y posteriormente a Zaire, acompañados por 1,4 millones de civiles, la mayoría hutu, convencidos de que el FPR los iba a matar. Miles murieron de enfermedades trasmitidas por el agua. Los ex soldados del Gobierno rwandés también usaron los campos de refugiados para rearmarse y orquestar invasiones a Rwanda. Los ataques fueron uno de los factores que provocaron la guerra entre Rwanda y la República Democrática del Congo desatada en 1996. Las ex fuerzas rwandesas continúan operando en la República Democrática del Congo junto a milicias congolesas y otros grupos armados. Continúan atacando poblaciones civiles y provocando muertos, heridos y daños.

El Gobierno rwandés inició los tan esperados juicios por genocidio a fines de 1996. La demora se debió a que el país había perdido a la mayoría de su personal judicial, sin mencionar la destrucción de los juzgados, las cárceles y otras infraestructuras. En 2000 había más de 100.000 acusados de genocidio en espera de juicio. En 2001, el Gobierno comenzó a aplicar un sistema de justicia participativa, conocido como gacaca (que se pronuncia ga-cha-cha), a los efectos de ponerse al día con el enorme número de causas pendientes. Las comunidades eligieron a jueces para que actuaran en los juicios de aquellos acusados de genocidio que hubieran sido señalados por haber cometido cualquier tipo de delito excepto el de planificar actos de genocidio o violaciones. Los acusados en los tribunales gacaca fueron liberados provisionalmente en espera del juicio. Esto ha provocado un profundo descontento entre los supervivientes, pues consideran que es una forma de amnistía. Rwanda continúa aplicando el sistema judicial nacional para juzgar a quienes participaron en la planificación del genocidio o las violaciones conforme a la ley penal normal. Estos tribunales no otorgan libertad provisional a los acusados de genocidio.

Los tribunales gacaca reducen la sentencia si la persona se arrepiente o manifiesta que desea reconciliarse con la comunidad. Esos tribunales procuran ayudar a la comunidad a participar en el proceso de justicia y reconciliación del país.

En la esfera internacional, el 8 de octubre 1994, el Consejo de Seguridad estableció el Tribunal Penal Internacional para Rwanda, que cumple sus funciones en Arusha (Tanzanía). Las investigaciones comenzaron en mayo de 1995. Los primeros acusados comparecieron ante el tribunal en mayo de 1996 y la primera causa se inició en enero de 1997. El Tribunal de las Naciones Unidas tiene jurisdicción sobre todas las violaciones de los derechos humanos internacionales que ocurrieron en Rwanda entre enero y diciembre de 1994. Tiene competencia para procesar a los funcionarios de alto nivel del Gobierno y las fuerzas armadas que hayan escapado del país y que de otro modo quedarían impunes. El tribunal ha condenado desde entonces a Jean Kambanda, Primer Ministro durante el genocidio, a la pena de reclusión perpetua. También fue el primer tribunal internacional en condenar a un acusado por violación como crimen de lesa humanidad y crimen de genocidio. El tribunal también juzgó a tres propietarios de empresas de información acusados de usar sus respectivos medios de comunicación para incitar al odio étnico y el genocidio. Hasta abril de 2007, el Tribunal había dictado 27 sentencias relativas a 33 acusados.